El caso Nicolini, penúltimo caso de corrupción entre los políticos uruguayos, deja claro que en ese país los políticos no son simples ciudadanos, sino que se ha formado una Clase Política.
Se debe investigar con los instrumentos de la Antropología y la Sociología.
Tal como se investiga el comportamiento de las tribus indígenas y de sus dirigentes y tabúes, los sociólogos y antropólogos uruguayos tienen en casa un brillante tema de estudio. No es necesario que vayan a estudiar a los jibaros reducidores de cabezas, mejor a estos comedores de coco y «cenadores», que no Senadores.
Todos sabemos como sus apellidos se repiten en el tiempo, cómo heredan su trabajo, sus lazos metrimoniales y de negocios, cómo se defienden unos a otros y defienden sus privilegios e impunidad frente a las mismas leyes que promulgan.
Es una Clase Social: la Clase Política. Nos falta los trabajos documentados, minuciosos, extensos, que estudien esa Nomenklatura, sus relaciones personales, sus flujos de capital y de propiedad, los lazos familiares, su relación con la posesión de tierras (casi la principal fuente de riqueza en una economía casi pastoril) y con la propiedad inmobiliaria y de rentas del alquiler.
Desde los años setenta esa Clase de origen hispánico ha sufrido los embates y fue siendo substituída por personas de origen eslavo, Agentes de Influencia con claros vínculos ideológicos y de financiación en los países del Este. Uruguay fue escenario de una lucha entre las potencias hegemónicas durante la guerra fría -las proxy wars en el Tercer Mundo- y sufrió un colapso económico y cultural: perdió un millón de habitantes, siendo su población unos tres millones y medio de personas. Una situación peor que en Albania y de la que la población, en un marasmo cultural, no es consciente.
Los Científicos Sociales uruguayos tienen la palabra. Le tendrán que echar valor.

Por Armando

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